OG Krunch: Camellos de bombones
Original Gourmandise es una marca francesa que “trafica” con chocolate, del que se come. Sus bombones con forma de cogollos están causando sensación allá donde van, y prueba de ello, es que con menos de un…
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Según explica la agencia Reuters, el motivo tras la legalización de la producción de cannabis medicinal para su exportación es el fuerte déficit fiscal que sufre Zambia, país en el que, además, la deuda externa llegó a los 10.500 millones de dólares a finales de 2018, un 20% más que en el año anterior. Las previsiones económicas para este año tampoco eran positivas, debido a las malas cosechas de 2019, en un país en donde la agricultura supone el 20% del PIB y el 54% del empleo —según datos del Banco Mundial de 2019—, y al aumento de los precios de la electricidad y el petróleo, que Zambia se ve obligado a importar. Según cálculos del Partido Verde, actualmente en la oposición del Gobierno y que ha abogado por la legalización del cultivo de cannabis para su exportación desde 2013, la medida podría generar al país hasta 36.000 millones de dólares anuales.
“Dependiendo de cómo se haga, esto podría cambiar la cara de la economía de Zambia”, ha afirmado a la agencia británica Peter Sinkamba, presidente del Partido Verde. “Esto puede ser una bendición o una maldición, como los diamantes o el oro, dependerá de la dirección política”, añade.
Según ha explicado la portavoz del Gobierno zambiano, Dora Siliya, el cultivo de marihuana estará permitido únicamente para su exportación y mediante la concesión de licencias limitadas, con una tarifa anual de 250.000 dólares. El organismo responsable de otorgar estas licencias será el Ministerio de Salud del país, y los cultivos serán supervisados por el Servicio Nacional de Zambia —una rama de su ejército— para comprobar que la planta no es vendida en el mercado local.
El importe de las licencias para acceder al sector del cannabis ha provocado la crítica de grupos locales y de alguno de los partidos políticos con representación en el país, que señalan que supondrán la exclusión del sector de los pequeños agricultores.
“Nuestro mayor problema en este momento es el requisito de una tarifa de licencia de 250.000 dólares”, ha señalado Anthony Bwalya, parlamentario por el United Party for National Development, principal partido de la oposición con un 47% del voto en las últimas elecciones presidenciales de 2016 —frente al 48% del Frente Patriótico de Edgar Lungu, presidente electo del país. En un artículo publicado en Lusaka Times, Bwalya advierte de que el importe de la licencia supone una invitación a que los grandes capitales extranjeros y los cárteles locales usen Zambia para limpiar dinero negro y propone, en su lugar, que la gestión del cultivo se quede en manos del ejército “creando empleo para cientos de jóvenes y otros profesionales” y que se restrinja la entrada de capitales extranjeros en el sector, de forma que ésta se haga a través de asociaciones de empresas locales para evitar una externalización innecesaria de los ingresos de divisas.
“Los políticos deben resistir la tentación de robarles este sector a la gente. Ya hemos visto esto con el mukula y otros recursos minerales donde los funcionarios corruptos del gobierno han sido los principales beneficiarios, mientras la gente sufre”, afirma el parlamentario en su artículo, en referencia a la trama en torno al tráfico de la madera de este árbol que sólo existe en el África meridional y central.
El cultivo, venta y consumo de cannabis, planta también conocida en Zambia como ulubangula, estaba prohibido desde 1923, bajo la administración británica, con la Opium and Habit Forming Drugs Regulation Ordinance(Ordenanza de regulación del opio y de las drogas que producen hábito), en la que no se hacía referencia explícita al cannabis, pero sí a la dagga, palabra usada para hacer referencia al cannabis en los países del sur de África desde el siglo XVII.
En marzo de 2017, una declaración del Ministerio de Salud zambiano señalaba que el cultivo de marihuana para fines medicinales es legal en el país desde el año 1967, amparado en la Ley de drogas peligrosas promulgada ese año. La declaración ministerial apuntaba que el uso de marihuana medicinal estaba reconocido por ley en casos de dolor crónico, náuseas provocadas por tratamientos como la quimioterapia, epilepsia, glaucoma y síntomas de la esclerosis, pero también anunció que el cultivo de marihuana para fines médicos solo pueda llevarse a cabo mediante licencia y que el Ministerio de Salud no tenía intención de otorgar ninguna licencia.