El pasado 10 de marzo, la Cámara de Diputados de México aprobó la ley de regulación del cannabis, tras un proceso que ha durado más de dos años y durante el cual ya se despenalizó su uso medicinal. Con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones, la ley debe ser avalada de nuevo por el Senado el próximo 30 de abril, debido a ciertas modificaciones introducidas en el proyecto ya aprobado en noviembre. Esta ley acerca el uso recreativo de la marihuana a la legalidad y convertirá México en el mayor mercado legal de marihuana del mundo.
Según la ley, cualquier adulto dentro de su territorio es libre de fumar cannabis si así lo desea, respetando, eso sí, ciertas restricciones: la posesión para uso personal será legal hasta la cantidad de 28 gramos, pudiendo ser multado con hasta 10.000 pesos mexicano si se excede ese límite. A partir de 200 gramos, su posesión conllevaría penas de prisión. Su uso se limitará a espacios privados o habilitadospara tal fin, como clubes o asociaciones, y nunca en presencia de menores. El cultivo personal se permite con fines lúdicos, con los permisos pertinentes, que tienen una validez de un año, y no podrá exceder las seis plantas de cannabis por hogar. Si conviviesen en el mismo hogar dos o más consumidores de cannabis, se podría alcanzar dentro de la legalidad la cantidad de ocho plantas.
Las funciones reguladoras serán asumidas por la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), dependiente de la Secretaría de Salud, y que supervisará todo el proceso de producción, así como las autorizaciones para crear asociaciones o clubes de consumo, que no podrán exceder de 20 miembros mayores de 18 años ni las 50 plantas. Las normas para envasado y etiquetado serán estrictas: indicaciones precisas para consumo lúdico, envasado sellado a prueba de niños y advertencias sobre los efectos nocivos para la salud, entre otros. Las licencias de producción, al igual que los permisos de consumo, disfrutarán de una vigencia de entre uno y cinco años y aún están por definir los costes de las mismas. Las empresas podrán participar de manera legal en todo el proceso, desde la producción y distribución, hasta la comercialización, y se considera la posibilidad de priorizar en el negocio a comunidades nacionales que, hasta ahora, se han visto afectadas de un modo u otro por el prohibicionismo, por la pobreza o la violencia.
Con esta ley, México se convertiría en el tercer país, tras Canadá y Uruguay, que legaliza la marihuana en todo su territorio. Las organizaciones civiles ven en este proyecto una oportunidad de acabar con una política antidroga que ha arrastrado a la sociedad a una crisis de violencia inusitada, así como una oportunidad de luchar contra la desigualdad y hacer justicia con aquellos más desfavorecidos, con los vulnerables y los perseguidos. La creación de una industria regulada, así como la recaudación de impuestos que conllevaría, ofrece al mismo tiempo la esperanza de un favorable impacto económico para el país.
Los expertos en seguridad, sin embargo, no son muy optimistas y creen que no tendrá un impacto significativo sobre la violencia, ya que consideran que el cultivo de cannabis no supone en absoluto la mayor parte del negocio del narcotráfico en México, donde los cárteles se dedican a productos mucho más rentables económicamente, como las metanfetaminas.
Los defensores de la ley, por su parte, creen que su alcance es de un gran simbolismo en el esfuerzo por poner fin a un proceso de penalización que ha costado muchas vidas y que supone un gran paso hacia la paz que no se debe desaprovechar.